El 22 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Tierra. Su origen en 1970 establece el inicio del movimiento ambientalista moderno.
Por eso, al desarrollarse en nuestro país el Mes de la Tierra, bien vale conocer algunos detalles del comportamiento de nuestro planeta y las acciones que los hombres, y en especial sus obras, tienen en vínculo directo con ella.
En ese ámbito, los ingenieros civiles tienen un rol fundamental ante los sismos y las estructuras que construyen. Hay que recordar que hace días, Córdoba se sacudió
con lo que fue el sismo de Merlo en San Luis, y que en octubre del 2017 se registró un sismo a 148 kilómetros al oeste de nuestra ciudad, 56 kilómetros al sudoeste de Serrezuela
y a unos 189 kilómetros de profundidad.
En ese marco, el Colegio de Ingenieros Civiles pone en debate y advierte que en Córdoba no hay un adecuado control de las construcciones y que “la vulnerabilidad de las mismas es muy elevada ante posibles eventos sísmicos”. Asimismo, no hay organismos que evalúen las edificaciones y la única ley provincial que regula la sismo resistencia fue derogada hace más de 20 años. Como el poder de policía sobre las construcciones privadas recae en los municipios, es importante que ellos adecuen sus ordenanzas y resoluciones para suplir este flagelo.
Sobre la base de esa preocupación, la Comisión de Seguridad Estructural del Colegio, formada especialmente para atender este vacío legal que la provincia arrastra desde el año 1994, trabajó y elevó a la provincia un proyecto de ley para su tratamiento. Ese proyecto
cuenta con el respaldo de la Universidad Nacional, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional a través de sus facultades.
¿Esto significa que desde 1994 no se hicieron construcciones contemplando la seguridad en sus estructuras ante eventuales movimientos sísmicos? No. Es importante destacar que los profesionales intervinientes en las obras asumieron esa responsabilidad y vienen adecuando sus trabajos a la normativa nacional. Eso se suma a la formación que en ese mismo sentido se viene dando en cada una de las casas de estudios universitarios.
Aun así, la falta de una norma conlleva una falta de planificación y control estatal en esta cuestión, lo que hace que la vulnerabilidad de las obras ante posibles eventos sísmicos sea elevada. Más allá de que la provincia de Córdoba se encuentra comprendida dentro de
una zona de reducida y moderada peligrosidad (ver mapa de sismicidad en Argentina y Córdoba), este avance en la normativa previene a ala sociedad de posibles o eventuales
consecuencias.
