Aportes del Colegio en debate legislativo
El Colegio de Ingenieros Civiles, a partir de sus representantes, participó activamente en oportunidad de la discusión de la Ley de Ambiente de Córdoba. En las reuniones conjuntas de las comisiones de Asuntos Ecológicos, Institucionales, Municipales, de Agricultura y de Industria, Raúl Karpowicz planteó la “impronta” de los profesionales en lo que es “el desarrollo y el ambiente”. Recomendó un “ordenamiento territorial que sea útil para futuras generaciones, que sea sustentable”. Subrayó que todas las licitaciones o de resoluciones de tipo administrativo necesitan de un “consultor ambiental” cuya opinión se tome en cuenta.

En ese marco, planteó que los intendentes deberían empezar a decidir qué actividades se pueden hacer y cuáles no, especialmente en áreas turísticas, para no contaminar. Por ejemplo, las que son contaminantes las deberíamos concentrar en un lado, “porque no podemos poner una fábrica de baterías, por el riesgo que implica en sectores con napas de buena agua, aunque la parte técnica esté bien, como puede ser Hernando o Río Tercero, donde no se instalaron fábricas de baterías pero encierran un futuro riesgo potencial”. Insistió en que las decisiones deben tomarse pensando “siempre en el futuro”.

“Hay que plantearle pautas generales que van a ir modificándose, porque las cuestiones ambientales también se van modificando en el tiempo; pero también tiene que tener la Provincia o los municipios personal capacitado e interdisciplinario, de disciplinas que se interesen en el tema ambiental, de modo que, como decíamos en nuestra propuesta que habíamos presentado, no se cometan errores o se minimice la posibilidad de cometerlos”, agregó.

Subrayó que todas las licitaciones o de resoluciones de tipo administrativo necesitan de un “consultor ambiental que tenga cierto tipo de influencia, puede ser abogado, ingeniero o de cualquier profesión afín a lo que se está tratando, para evitar dolores de cabeza, porque por dos arbolitos que no se dieron cuenta que había que sacar, la autoridad firmó y luego tuvo a toda la sociedad en contra”. A modo de ejemplo mencionó que su ausencia significa mucho dinero que en “algún lugar alguien pierde o alguien lo gasta en muchas licitaciones que se realizan. O hay que correr el puente, como pasó en barrio Juniors que se tuvo que correr el puente a la salida del nudo Mitre”.

Recomendó empezar a formar los recursos humanos, tenerlos en los distintos ministerios, empezar a apoyarse en ellos y actuar articuladamente entre los distintos sectores para que estos pequeños detalles se empiecen a tener en cuenta, sobre todo en el tema del Estado, no sólo a nivel provincial sino también nacional. “No se pueden largar obras sin un estudio ambiental previo”, sintetizó.

Pidió contemplar en la ley o en reglamentaciones los “verdaderos hechos ambientales, que no sea meramente papeleo”. Apuntó que el avance es progresivo con respecto a los límites que se deben ir cumpliendo y ajustándolos cada vez más: “Hace tiempo discutía con gente de los Estados Unidos que decía que para ellos los límites de volcamientos no eran éticos, pero era así porque ellos ya han superado esa etapa porque esto es un proceso; nosotros vamos avanzando y las industrias se van adecuando a las modificaciones que se van incorporando. Por ello, deben saber que esto es elástico, como lo es todo el tema ambiental; de modo que se trata de un avance para la protección ambiental. Pero debemos saber cuál es el castigo por no cumplir las normas ambientales, cuestión que no he visto plasmada en el proyecto de ley. Se trata de un tema bastante espinoso; sin embargo, hay que tratarlo con mucho criterio”.

Respecto del Decreto 2131 observó que hay distintas etapas de las aprobaciones ambientales; podrían ser aprobaciones previas a nivel de ideas, a nivel de proyecto o a nivel operativo: “El tema pasa porque hay una sucesión de permisos u opciones que se les pueden dar a los privados y hay ciertas interpretaciones que se hacen y que se han tergiversado porque al final terminan pidiendo que si no es el titular de la tierra o tiene el boleto de compraventa, no se puede empezar a hacer un estudio de impacto ambiental, pero se lo puede presentar”.

“Toda persona, institución o empresa que tenga algún interés legítimo y el Estado que tenga y el Estado que tenga también interés legítimo en algo, pueden empezar haciendo un proceso a costo mínimo, haciendo una presentación ambiental previa, porque eso le marca el camino para decir si esto puede funcionar o no, o sea, a nivel de ahorro económico, y no hacer un gran esfuerzo para después darnos contra una pared”, agregó y aportó que los legisladores tienen que dar esa opción de que hagan un estudio ambiental previo demostrando algún interés legítimo.

Dijo que el decreto 2131 tenía lo que se llama la “prefactibilidad”, una visación previa, pero aclaró que “no tiene que ser sólo política sino también reglamentaria para que después no haya marcha atrás”.

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